@ Profesor titular de la facultad de Ingeniería de la universidad nacional
@ Ex Asesor del presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ
@ Cortesía EL TIEMPO
Después de décadas de manejos laxos, ajustes aparentes y medidas temporales que se volvían definitivas, el Gobierno Nacional tiene que ajustar sus finanzas de una vez por todas. No solo lo digo por el esfuerzo del (saliente) ministro de Hacienda por recortar el presupuesto a niveles inimaginados. Claro que hacer un presupuesto contando con $ 12 billones que iban a entrar por litigios judiciales (que no entraron), con $ 7 billones que llegarían por prohibir la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos no renovables (que tampoco llegaron), o los más de $ 10 billones de los llamados anticipos (de los que no se pudo disponer), fue un error que obligó al Gobierno a un ajuste superior a los $ 28 billones. Lo digo porque el problema es mucho más grande. La indisciplina fiscal en la que han incurrido este y los anteriores gobiernos, al hacer inversiones en proyectos con deficiente planificación técnica o financiera, aumentar las nóminas paralelas de manera desproporcionada o adquirir bienes que no se necesitaban, ha llevado a una situación que exige un ajuste similar al realizado.
Lo paradójico es que la dimensión del problema se puso en evidencia cuando aquellos que han manejado las finanzas públicas nacionales en los últimos 30 años alertaron del riesgo de aprobar un acto legislativo que aumentaba la participación de los departamentos y municipios en los ingresos de la nación: “Va a quebrar al país”, “no hay quien pueda controlar en qué se van a gastar la plata”, “será la fiesta de los corruptos”.
«La ley que se promovía como la mata del desastre va a terminar forzando el ajuste de las fuentes que nutrían el clientelismo y la corrupción».
La Misión de Descentralización, en sus propuestas, había revelado algo que los que anunciaban el desastre no le habían contado al país: en el Presupuesto General de la Nación 2024 hay 104 partidas por más de $ 15 billones que están asignadas a 32 entidades nacionales para invertir en asuntos que son de competencia departamental y local. Son las partidas que la Misión denomina “recentralizadas”. Las mismas que el año pasado superaron los $ 17 billones, y en los últimos cuatro años alcanzan los $ 55 billones de pesos. Es decir, más del 75 % de los $ 71 billones que han ingresado por las últimas siete reformas tributarias que se han aprobado en el país.
¿Qué hace el Gobierno Nacional construyendo vías terciarias e infraestructura social local, o parques y zonas recreativas locales, o financiando proyectos para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, o proyectos para “democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física local y departamental”, entre tantas otras? La respuesta es simple y concreta: es la plata con la que el Gobierno Nacional hace política en los territorios.
Es la plata que no tiene controles y con la que han hecho fiesta los corruptos. Son las partidas que han servido para que los gobiernos puedan comprar a los congresistas, cuando necesita que les aprueban sus proyectos de ley en Senado y Cámara, o con los que aseguran el voto por el candidato del Gobierno a las cortes o los organismos de control. Es la llamada gobernabilidad del Congreso. La fuente de donde han salido los recursos para los ‘carruseles’ de contratación de los congresistas, contratistas y gobernantes territoriales, como los del difunto senador Mario Castaño, o los pagos para Centros Poblados y demás escándalos de corrupción que han azotado al país.
Como el resto de las partidas del presupuesto (por inflexibles) no se pueden tocar, y el acto legislativo le impone la obligación de efectuar los ajustes necesarios, evitando la duplicidad de funciones y de gastos entre los distintos niveles territoriales, al Gobierno Nacional no le quedará otra alternativa que desprenderse de esas partidas, o parte de ellas, para transferirlas por completo a gobernaciones y alcaldías. Qué paradoja. La ley que se promovía como la mata del desastre va a terminar forzando el ajuste de las fuentes que nutrían el clientelismo y la corrupción. La ‘mermelada’ quedó al descubierto.
