«La terna para la Defensoría del pueblo«:
Ingeniero Industrial U INCCA de Colombia Ex Contralor del Caquetá Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Caquetá
Ex Gerente de RCN RADIO CAQUETÁ Ex Candidato para la Alcaldía de Florencia y la Gobernación del Caquetá
En un contexto marcado por la defensa de los derechos humanos en Colombia, el proceso de escogencia del nuevo jefe de la Defensoría del Pueblo se ha convertido en un tema de gran relevancia. Esta entidad nacional, con presencia en todas las regiones del país a través de defensores públicos, no solo representa una figura administrativa, sino un baluarte en la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, ambientalistas, grupos vulnerables y desmovilizados, que han vivido en carne propia las consecuencias del conflicto armado. La labor de la Defensoría del Pueblo ha sido crucial, ya que las alertas tempranas emitidas han logrado salvar vidas y prevenir violaciones de derechos humanos en varias zonas del país.
Este año, un total de 76 aspirantes se inscribieron para dirigir la entidad que maneja un presupuesto de 1.2 billones de pesos. La convocatoria exigía cumplir con dos requisitos fundamentales: ser profesionales en Derecho y contar con al menos 15 años de experiencia en el campo. Tras un proceso de evaluación, la terna presentada por el presidente Gustavo Petro pasa a la consideración de la Cámara de Representantes, el organismo legislativo encargado de seleccionar al nuevo Defensor del Pueblo.
Una de las novedades en este proceso fue la opinión de diversas organizaciones no gubernamentales para que la terna estuviese integrada exclusivamente por mujeres. Este planteamiento, que refleja un creciente interés por garantizar una representación equitativa de género en los espacios de decisión, finalmente fue acogido por el presidente Petro, quien presentó una terna compuesta solo por candidatas mujeres. Este hecho no solo resalta la importancia de la participación femenina en los temas de derechos humanos, sino que también se establece como un hito histórico nacional, por tratarse de la primera defensora del pueblo y la segunda vez que este gobierno presenta una terna completamente femenina, recordando el precedente establecido con la elección del Fiscal General de la Nación.
Las candidatas
Iris Marín Ortiz, Jomary Liz Ortegón Osorio y Dora Lucy Arias Giraldo, integran la terna enviada a la Cámara de Representantes, dos de las cuales fueron sugeridas por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJA, una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia, que desde 1980 se convierte en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia, compuesta por abogados y abogadas y que ostenta el estatus consultivo ante la OEA y la ONU.
La ternada Iris Marín Ortiz, con maestría en derecho, fue sugerida por el colectivo José Alvear Restrepo, tiene experiencia como Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y fue asesora en las negociaciones con las Farc en el periodo del presidente Santos, y ha sido cercana a la JEP, la Unidad para las Víctimas y la comisión de la verdad.
Por su parte Jomary Liz Ortegón Osorio, también sugerida por el colectivo, es Abogada de la Universidad Nacional de Colombia y con especializaciones en derecho constitucional, en estudios de género y en derecho penal, además de una maestría en Estudios Latinoamericanos. Es Docente del programa de Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH y defensora de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La terna la completó el presidente Petro con la, también abogada, Dora Lucy Arias Giraldo, especialista en derecho constitucional y magister en defensa de los derechos humanos y DIH, defensora de víctimas y con afinidad con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, grupos defensores de derechos humanos.
Sectores políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil destacaron esta decisión, considerándola como un paso hacia la construcción de una institucionalidad más inclusiva y representativa, que pueda abordar de forma efectiva las múltiples problemáticas que enfrentan las comunidades en un país con profundas desigualdades y un pasado reciente de violencia. Y aunque las candidatas representan una diversidad de trayectorias profesionales, las experiencias individuales están muy ligadas a los derechos humanos, derecho internacional humanitario y cercanía a grupos de ciudadanos víctimas, lo cual es fundamental para entender y responder a los desafíos en la lucha por los derechos humanos en Colombia.
Con este escenario, la expectativa es alta. Quien resulte elegida enfrentará los retos inherentes a la defensa de los derechos humanos en un contexto de violencia y criminalidad y también un entorno político complejo y en muchas ocasiones adverso, no solo por las disparidades regionales, sino por la polarización política y crisis económica con el cual arrancan los dos últimos años del Gobierno del progresista Gustavo Petro.
Cada cuatro años, la elección de un nuevo Defensor del Pueblo es una reiteración del compromiso del Estado colombiano con la protección de los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones de riesgo. Sin embargo, el bajo cumplimiento de los acuerdos de paz del 2016 y el poco avance de los nuevos procesos con diversos actores, generan opacidad de los resultados del organismo constitucional creado como defensor de los derechos humanos.
