El gobierno nacional debe equilibrar cuidadosamente las necesidades de gasto con la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
El Presupuesto General de la Nación para el año 2025 enfrenta un escenario desafiante para el Gobierno debido a menores niveles de recaudo que son resultado de una menor dinámica económica, incertidumbre en decisiones públicas, de un entorno social y político bastante complejo, y por recrudecimiento de la violencia armada que genera un impacto negativo sobre la inversión privada.
En los últimos años, Colombia enfrentó unos desafíos económicos que afectaron los ingresos fiscales: desaceleración económica global, combinada con factores internos como desconfianza del sector empresarial sobre el manejo de la economía, disminución en la producción de petróleo por cambios en la orientación de la política energética, además, evasión y elusión fiscal continúan siendo problemas persistentes que erosionan la base tributaria.
La falta de señales claras y sostenibles de impulso a la inversión privada y a la reducción del ritmo de la inversión pública en infraestructura que incentive una mayor producción competitiva vienen generando impactos negativos en crecimiento económico e ingresos tributarios.
El presupuesto para el año 2025, estimado en $527 billones, debe contemplar necesidades cruciales en educación, salud, seguridad y desarrollo de la infraestructura, además, que debe responder a la creciente demanda social y a las expectativas ciudadanas generadas por las propuestas del cambio del actual gobierno.
El gobierno enfrenta la difícil tarea de equilibrar las prioridades sin aumentar excesivamente el déficit fiscal. Y tiene baja capacidad de maniobra para mantener los niveles de inversión pública ante unos gastos de funcionamiento elevados y una deuda pública incremental. En cambio, lo que se avizora es una reducción de más del 30% en la inversión pública.
El gobierno contempla una nueva reforma tributaria o de financiamiento que puede tener un efecto contrario al buscado. De ahí que con menores ingresos fiscales, alta evasión y baja capacidad de maniobra para aumentar la deuda son reducidas las alternativas que tiene el gobierno para mejorar las finanzas de la Nación.
En estas circunstancias, el panorama fiscal actual, no solo representa un desafío para el financiamiento del presupuesto 2025, sino que tiene implicaciones en la credibilidad del gobierno y la estabilidad macroeconómica del país.
Un presupuesto desbalanceado afecta las expectativas de inversión, y, puede generar incertidumbre en los mercados financieros y afectar la calificación crediticia del país, encareciendo el costo del financiamiento externo. Por lo tanto, el gobierno nacional debe equilibrar cuidadosamente las necesidades de gasto con la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
