Por: Ricardo Santamaría, Periodista
Cortesía Portafolio
Tenemos un lujo de Constitución, amplia, garantista, transformó para bien la justicia y el manejo macroeconómico del país.
El cerril intento del Gobierno Nacional de Gustavo Petro de banalizar y cambiar arbitrariamente la Carta Magna de nuestro país, como sostiene atinadamente el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, es el peor mensaje que se le puede dar al pueblo colombiano.
Considerando la relevancia política de este despropósito estatal, le cedo mi espacio en esta columna semanal al comunicado del centro de pensamiento, Mejor Así, para que sirva de caja de resonancia de la autorizada voz de 200 connacionales, que alarmados por la irreflexiva e inapropiada propuesta de Petro de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, expresan su metódica preocupación y profundo rechazo, fundamentados en los siguientes aspectos:
- Inestabilidad institucional: La convocatoria a una Constituyente generaría inestabilidad política e institucional en el país, afectando la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
- Costos económicos: La realización de una Constituyente implica altos costos económicos para el Estado colombiano en un momento en el que se requiere priorizar la inversión en áreas estratégicas, así como en la reactivación económica. Recientemente, el gobierno hizo un recorte de 20 billones de pesos, por lo que financiar un proyecto de este calado es inconveniente.
- Incertidumbre e inestabilidad: Se generaría una enorme ola de incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica, lo cual se traduciría en menor inversión, desempleo, la ralentización del crecimiento, destruyendo al sector productivo y a nuestro tejido social.
- Riesgo para la democracia: Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática y el Estado de Derecho en Colombia.
- Defensa de la Constitución Política: Es fundamental respetar y defender la Constitución Política como la norma suprema del Estado colombiano, garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Los beneficios generados por la Constitución de 1991 han sido múltiples, desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales. Colombia no requiere de una nueva Constitución.
- Alternativas democráticas: Existen mecanismos institucionales y democráticos para abordar reformas constitucionales, como el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana, que deben ser fortalecidos y respetados en aras de la defensa de la Constitución Política.
- Poder Constituyente: El Constituyente primario siempre será legítimo. Para que ese poder se manifieste eficazmente, debe manifestarse bajo los preceptos constitucionales creados por el constituyente primario en el año 91.
En conclusión, consideramos que la propuesta de una Asamblea Constituyente en las actuales circunstancias no es conveniente para el país y puede tener consecuencias negativas para la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo de Colombia.
