Por: PEDRO MEDELLÍN Decano de Ingeniería de la Universidad Nacional
Es la imagen que mejor sintetiza el estado de cosas en el Cauca. Transcurre en Suárez, donde nació Francia Márquez. El martes pasado en horas de la mañana, un ataque de las disidencias de las Farc con granadas a la estación de policía del municipio obligó a que los niños de la Institución Educativa Técnica Agrícola, ubicada muy cerca de la sede policial, tuvieran que resguardarse bajo los pupitres de su salón de clases. El hecho no hubiera trascendido si no llega a las redes la grabación que muestra cómo la profesora, a través de cánticos, alabanzas y oraciones, pudo tranquilizar a los niños.
La situación es tan compleja en el Cauca que el secretario de Gobierno ha reconocido que esa escena se repite a diario en distintos municipios del departamento. Tanto que en los colegios comienza a impartirse, como componente del plan de riesgos, en los que realizan simulacros para que los estudiantes sepan cómo actuar cuando ocurre un “enfrentamiento con factor armado”. Esta semana se conoció el caso de los estudiantes del Colegio José María Obando, en Corinto (Cauca), que, como consecuencia de los ataques de los grupos armados ilegales, han tenido que asumir un protocolo de actuación para salvaguardar la vida de los niños y jóvenes estudiantes. Se trata de un colegio a pocos metros de la estación de policía de Corinto. Según la profesora se pueden contar unos 400 impactos de fusil en las paredes del colegio (sin contar los impactos en los techos), han sido encerrados en un círculo y numerados como testimonio mudo de la barbarie a la que ha estado sometida la comunidad educativa de Corinto y Suárez.
El Cauca vive hoy un estado de cosas inconstitucional. Es decir que está presentando una situación de violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que viven en ese departamento y que obligan a que la Corte Constitucional, mediante decisión judicial, tenga que ordenar a las distintas autoridades del Estado que intervengan a fin de proteger a la población cuyos derechos están siendo violados.
Ya va siendo hora de que los caucanos de origen y por adopción se movilicen ante la Corte Constitucional, buscando la declaratoria de un “estado de cosas inconstitucional” en el departamento.
La situación está llegando a una tragedia humanitaria. Tanto que, en los últimos 6 años, la Defensoría ha emitido 29 alertas tempranas, de las cuales veinte corresponden a riesgos de violaciones masivas de derechos humanos o infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por amenazas, vulnerabilidades y capacidades institucionales; y nueve, a inminencia de ataques a la población.
Aun cuando solo durante el gobierno Petro han sido asesinados 56 líderes sociales, 15 firmantes de los acuerdos de La Habana y han ocurrido 21 masacres, la peor parte la están llevando los niños, niñas y adolescentes caucanos. Según la Defensoría, aclarando que puede haber un alto subregistro, a 31 de diciembre de 2023 se habían registrado 261 casos de reclutamiento. “Los datos a 6 de abril reportan 62 casos de reclutamiento en el departamento, siendo el 75 % de pertenencia indígena, 61 % niños, 28 % niñas y el 6 % por definir, entre las edades de 13 a 17 años”. Los municipios más afectados son Caldono, Páez, Corinto, Inzá, Argelia, Toribío y Morales, “con incidencia en Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada, donde operan subcontratando y apoyando a las pandillas que en la actualidad actúan como bandas criminales”. Toribío es utilizado como centro de entrenamiento y reclutamiento de jóvenes.
Dado que ya es evidente que el Gobierno Nacional no tiene capacidad para resolver nada, ya va siendo hora de que los caucanos de origen y por adopción se movilicen ante la Corte Constitucional, buscando la declaratoria de un “estado de cosas inconstitucional” en el departamento, que obligue a las autoridades del Estado a tomar las medidas para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes del drama de “guerra total” en el que los tiene sumido el gobierno Petro. No hay otra alternativa.
