El estado de derecho es una forma que han adoptado las naciones especialmente de occidente, el cual consiste en privilegiar el cumplimiento de un mandato normativo que se teje a partir de los valores y cultura de la
sociedad, además de la aceptación de costumbres y prácticas de la humanidad, las que en muchas ocasiones se traducen en tratados internaciones suscritos por diversos países que se comprometen en el marco de los mismos, a diseñar e implementar instrumentos legislativos, administrativos y judiciales que permitan su aplicación. Todo esto para guiar la conducta de los ciudadanos en términos de convivencia y resolución no violenta de los conflictos, pero también para evitar excesos de los gobiernos en contra de los ciudadanos, independiente de sus posturas respecto del ejercicio gubernamental.
Para dicho propósito los Estados han dispuesto unas estructuras de carácter nacional y territorial, bajo la sombrilla de la democracia, orientada a garantizar la participación de los ciudadanos en su conformación y en los procesos decisionales que los afectan, gobernanza, según los tratadistas en la materia. Contexto en el que emergen actores, los tecnócratas, supuestamente conocedores de ese entramado normativo, de entidades y funcionarios o contratistas, para hacer de ese un aparato eficiente, que responda a las necesidades y requerimientos de los diferentes actores, que conforman la sociedad. A mi juicio, la tecnocracia, un lobo con piel de oveja, se reviste de dicho supuesto para privilegiar mezquinos intereses forjadores de pobreza, exclusión y violencia. No obstante, es necesario atribuirle avances en el desarrollo de modelos que representan modernización y procesos de mejora continua, en muchas ocasiones retrotraídos de países y organismos foráneos.
World Justice Project, una organización sin ánimo de lucro e independiente, ideó un índice global es una serie anual que mide el estado de derecho en 142 países, con base en la aplicación de encuestas para establecer experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo (WJP, 2020, p. 5). Este toma en cuenta 8 aspectos para su cálculo: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Colombia en el año 2023 ocupó el puesto 94, reflejo de la situación por la que atraviesa, parte de la sintomatología global por sexto año consecutivo, según el ente investigador, acompañado de la reducción del respeto a los derechos humanos desde 2016. Al revisar cada uno de los componentes, llama la atención que en orden y seguridad está en el puesto 129, en Justicia Penal en el 115, ausencia de corrupción 103, derechos fundamentales 89 y justicia civil en el 91. Circunstancias que históricamente la tecnocracia no ha podido resolver.
Carlos Matus, escritor venezolano, en su libro “Adiós Señor Presidente” acuñó el término tecno-política, para referirse a la práctica de tomar decisiones con fundamento en un análisis de las interpretaciones, en un sino de relatividad, de las expectativas de la ciudadanía, las propias del estado y los postulados teóricos, para generar un balance a la hora de tomar decisiones, las cuales favorecen a unos y afectan a otros. Su crítica a la improvisación, a la discusión de la propuesta técnica sin procesamiento político, impuesta por una óptica de la verdad sabida; a la propuesta política sin asidero técnico, marcada por intereses populistas, es elocuente. Son solistas de personalidad destacada que no conforman una orquesta, afirma (p. 119).
Lamentablemente el gobierno Petro en su menosprecio por la tecnocracia y sus opositores, igual o peor de populistas al mandatario que por centurias administraron desde su propia lógica, demuestran que están lejos de la razón de gobernar bien. Si bien es posible que el Presidente reclute a su guardia Petroriana, como la bautizó María Ximena Dussan, para garantizar que las propuestas con las cuales llegaron al poder se ejecuten, no es menos cierto que muchas de las entidades del orden nacional están en manos de dirigentes no conocedores del saber administrativo-público, dedicados al clientelismo, la corrupción, de favorecer intereses particulares y de sufragar gastos funcionamiento con recursos de inversión con claros privilegios para algunos funcionarios y contratistas que poco les importa la pobreza en la que se sumen millones de colombianos, además de estigmatizar y perseguir a quienes los critican, conducta que tanto reprocharon antes de asumir el poder. Considerar entonces, que un equipo de gobierno se forma, se entrena y no simplemente es la combinación de personalidades, es la máxima que ha de suscribirse (Ibíd. P. 121). Empero que Colombia requiere en el gobierno mejores seres humanos, que mejores políticos.
