Por: Beethoven Herrera Valencia.
Mariana Mazzucato ha destacado la contribución de los gobiernos a la producción económica e innovación científica, y crítica su desarme por la privatización y externalización que ha conducido a que dejen de invertir en sus capacidades y transfieran funciones a actores externos, que ganan enormes sumas de dinero mediante la consultoría.
En su último libro, que lleva el título de esta columna, la autora sostiene que tales prácticas constituyen un gran engaño. A su entender, las retribuciones recibidas son desproporcionadamente altas en comparación con el riesgo asumido: «en 2022, las estimaciones del mercado global de servicios de consultoria oscilaban entre 700.000 millones y 900.000 millones de dólares «(p.14).
El texto sostiene que hay conflictos de interés cuando las consultoras pasan de auditar a asesorar y Mazzucato menciona el caso de Arthur Andersen que utilizó sus servicios de auditoria para conseguir contratos de asesoría con Enron. Por esa vía, Enron terminaría quebrando por «trucos legales y unas cuentas fraudulentas e ilegales «. Y Arthur Andersen que había recibido US$27 millones por consultoria y US$25 millones de Enron por por auditoria, en un evidente conflicto de intereses, terminó en bancarrota. En Reino Unido, «luego de un crecimiento de 7,5%en 2016, los honorarios de consultoria volvieron a crecer 7 por ciento, hasta los10.600 millones de libras, pagados por gobierno y empresas para planificar el Brexit». (Mazzucato, 2024, p. 153). Y hasta 2020, el gasto anual del gobierno en consultoras, se disparó hasta los 450 millones de libras esterlinas, crecimiento explicado en gran medida por apoyar el Brexit, que ha sido una decisión muy cuestionable.
Para enfrentar la covid-19, loa gobiernos destinaron sumas considerables a consultoría y la participación de consultoras en la vacunación en Francia, en lugar de ser modelo de eficiencia, fue un fracaso: A principios de enero de 2021, apenas se habían suministrado 5.000 dosis en Francia, en comparación con las 316.000 en Alemania y lss 139 000 en España, a pesar de que los tres países iniciaron sus programas de vacunación al tiempo, y de la tradicional eficiencia de las instituciones públicas francesas. En conclusión, los recortes presupuestarios por austeridad, han limitado la capacidad del sector público y la autora llama a invertir en crear capacidades internas en las instituciones. La presencia de conflictos de interés en las grandes consultoras, que asesoran simultáneamente a actores con intereses opuestos, destaca la necesidad de establecer normativas que exijan transparencia sobre sus clientes.
La infraestructura digital es presentada como medida clave de la capacidad del sector público para acceder a datos con facilidad, por la incidencia de la tecnología en la eficiencia gubernamental.
Por todo lo anterior Mazzucato llama a crear nuevas capacidades en las organizaciones del Estado que superen la dependencia de la consultoria externa, recomienda la rendición de cuentas y establecer regulaciones que obliguen a las consultoras a revelar los conflictos de interés.