Obras Públicas inconclusas sinónimo de deficiencia en planeación y malversación de recursos.
La planeación es fundamental para emprender cualquier accionar de carácter público o privado. Prever todos los insumos, herramientas y equipos que requiere un proyecto y prevenir los riesgos que lo puedan afectar, determinan su posibilidad de éxito o fracaso.
En este marco existen diversas metodologías que, al aplicarlas en debida forma, presentan una radiografía que anticipadamente permitirán gestionar los recursos para su acometida.
Naturalmente que el objetivo de cualquier proyecto es la Satisfacción de una necesidad y la transformación de un entorno en términos de productividad o bienestar.
A partir de la Constitución de 1991, el Estado Colombiano ha generado un desarrollo normativo y una institucionalidad en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, además de una serie de mecanismos de control político, ciudadano y orgánico, orientados a asegurar que las obras públicas o programas financiados con recursos públicos tengan la continuidad hasta su culminación, independiente del cambio de gobierno, tan natural dentro del régimen democrático que nos rige. De este tejido hacen parte los bancos municipales, departamentales y Nacional de proyectos.
Sin embargo, la historia muestra un resultado contrario al propósito institucional previamente expuesto. Los ciudadanos notamos con asombro como muchas de las obras Públicas que inician su ejecución, habitualmente presentan sobre costos, prórrogas con cualquier excusa y, en reiteradas ocasiones, en infraestructuras inconclusas o convertidas en «elefantes blancos», sin que los organismos de control adelanten investigaciones que den resultados efectivos en cuanto a que garanticen su puesta en marcha y en medidas en contra de los responsables de tales hechos. Reficar, Hidroituango, Bioenergy, el comando de policía de Bogotá, la cárcel de Yarumal, Antioquia, la represa multipropósito del Río Rancheria en la Guajira son unos pocos de tantos ejemplos que podrían mencionarse.
Se ha llegado al colmo de que através de la ley 2020 del 17 de julio 2020 se creará el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de Entidades Estatales, que tiene el objetivo de identificar las obras «financiadas total o parcialmente con recursos públicos, y que requieren de un tratamiento de evaluación e inversión técnica, física o financiera, con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva». La Contraloría General de la República inició su implementación a partir del 17 de octubre del mismo año. Entidad que en un informe concluye que para el mencionado año los elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos identificados ascienden a 1.400 por la no despreciable suma de 25 billones de pesos y que son 10 los departamentos más afectados con este tipo de infraestructuras: Tolima, Antioquia, Caldas, Boyacá, Bolívar, Meta, Valle del Caucá, Nariño, Cundimarca y Arauca.
La desidia, la corrupción que obedece a intereses particulares, la falta de rigor técnico en la fórmula de proyectos y, hasta el capricho de los mandatarios o actores decisiones públicos, sobre, a mi juicio, algunas de las causas de tales despropósitos que acarrean malversación de recursos y pobreza. Hasta cuándo aprenderemos que es con conocimiento, transparencia, principios éticos y amor am servicio público, los que verdaderamente transformarán la conducción del Estado para así garantizar obras y programas generadores de bienestar.
ELECCIONES 2023: LÍDERES DE CUDINAMARCA
JULIÁN ROZO, Ex Asesor del despacho del Gobernador de Cundinamarca; Ex Asesor del Congreso; Ex Candidato para la Cámara de Representantes con 15 mil votos certificados.
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